Sin pruebas y en base a argumentos discriminatorios

✓✓Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva a comuneros kukamas

A través de la plataforma de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios, PUINAMUDT, dieron a conocer que terminó el cuarto día de la audiencia iniciada a pedido de la Fiscalía del Crimen Organizado en Lima. El ente solicita 36 meses de prisión preventiva a acusados de pertenecer al grupo “Los Crudos”, señalado como responsable de sabotajes al Oleoducto Norperuano. En este grupo se encuentran dos comuneros kukamas de la comunidad San Pedro.

Finalizada la exposición de elementos ante la jueza Soledad Barrueta, el Ministerio Público no dio pruebas sólidas que vinculen a los comuneros con los delitos imputados. Por el contrario, los argumentos y el razonamiento han sido discriminatorios, desconociendo por completo la realidad de los pueblos indígenas.
“Es información falsa”, “los argumentos son engañosos”, fueron las respuestas categóricas de la defensa de los indígenas al Fiscal Adjunto Roger Mendoza, responsable de exponer la acusación. Mendoza argumentó que, como los comuneros vivían lejos de la ciudad, no están casados y no tienen residencia fiscal, se les debía someter a prisión preventiva. Esto fue así incluso cuando ya se habían ingresado al juzgado los escritos correspondientes con el arraigo de los procesados.
El Fiscal Adjunto presentó otros argumentos inverosímiles, como señalar que los reclamos de la esposa e hija de uno de los acusados a la hora del arresto, es expresión de resistencia a la autoridad. O también, señalar que la no coincidencia del domicilio del DNI con el real, es muestra de no arraigo domiciliario.
Por otra parte, la jueza llamó la atención enérgicamente a la Fiscalía, al desobedecer las reiteradas órdenes de asegurar y realizar atención médica al apu de la comunidad San Pedro, Jiner Panduro. Las órdenes de atención médica se impartieron desde hace 12 días, y hasta hoy no fueron cumplidas.
Sin el debido proceso, para criminalizar
Según la PUINAMUDT, la defensa legal de los comuneros ha señalado desde un inicio que hay un marcado sesgo, manipulación, e intención de criminalizar a los pueblos indígenas, vulnerando sus derechos.
“A pesar de que los comuneros han mostrado colaboración con la justicia, sometiéndose a todas las diligencias durante su detención, se les quiere aplicar una medida desproporcionada”, señala Pablo Arias Rivera, abogado de apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDHH).
“El apu de la comunidad San Pedro ha señalado que el fiscal Zamora, saliendo de todo ámbito de respeto de derecho, le dijo: ‘tú eres el responsable, tú eres quien ha cortado, te voy a mandar 35 años a la cárcel, te vas a ir a Challapalca’. Un fiscal no puede amenazar, es un atropello”, ha denunciado Dorian Choque, abogado de la federación ACODECOSPAT.
Por su parte Verónica Shibuya, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), alertó que el Estado busca enlodar el trabajo que están haciendo las comunidades, “sobre todo la comunidad de San Pedro que cuenta con una medida cautelar concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a los impactos del derrame de petróleo en el 2014”.
La defensa legal de los kukamas concuerda en que no existen elementos de convicción para vincular a los apus con los delitos que se les imputan. Sin embargo, se ha pretendido generar un estado de indefensión de los acusados, para que sea el Ministerio de Justicia quien asuma una defensa ante el caso de inasistencia de los abogados elegidos por los propios comuneros. Pero ellos tienen todo el derecho de elegir la defensa que le conviene, y no imponerle una defensa de oficio.
En ese sentido, la coordinadora del equipo de fiscales, la doctora Rosario Albarracín, también ha mostrado actos cuestionados por la defensa legal. Su comportamiento, al momento de las diligencias preliminares, mostraron un papel autoritario y limitante ante la defensa.
La jueza Soledad Barrueta ha convocado para las 6 pm la sesión del jueves, donde emitirá su fallo. Dadas las cosas, se estima difícil declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva. Sin embargo, la organización indígena ACODECOSPAT y la defensa legal de los acusados, llaman a estar a alertas ante un posible atropello a los derechos de los pueblos indígenas.