Contraloría detecta perjuicio de S/258 mil en Hospital Regional por pago irregular de movilidad a trabajadores
✓✓Asignación de recursos que está prohibida por ley presupuestal se realizó en los años 2021 y 2022
La Contraloría evidenció que exfuncionarios del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” aprobaron, tramitaron y autorizaron el pago por movilidad local a favor de trabajadores que desarrollaron labores fuera del horario normal de trabajo, pese a encontrarse prohibido por ley, lo que generó un perjuicio económico de 258 mil soles en la entidad.
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 014-2023-2-4442-SCE, cuyo periodo de evaluación fue del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022, un equipo de auditores realizó la revisión y análisis de la documentación proporcionada por la entidad y corroboró que exfuncionarios vulneraron la normativa presupuestal.
Se detectó que los hechos se generaron por el accionar de los exjefes de la Oficina Ejecutiva de Administración al haber autorizado y tramitado el pago en mención otorgando la conformidad correspondiente.
También se encuentran comprendidos en este hecho los exjefes de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico por gestionar y emitir la certificación del crédito presupuestario para el pago a los trabajadores.
Así también los exjefes de la Oficina de Presupuesto, Costos e Inversión, al haber aprobado y suscrito las notas de certificación de crédito presupuestario. Y también están incluidos los exjefes de la Oficina de Economía y exjefes de la Unidad de Tesorería al haber tramitado y efectuado el pago correspondiente.
Los hechos descritos transgreden la Ley de Presupuesto del Sector Público que establece la prohibición en las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento.
Asimismo, se indica en la norma: «Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras”.
En ese sentido en el informe de control se solicitó al Procurador Público de la Contraloría iniciar las acciones civiles contra los presuntos involucrados en el caso en mención.
Del mismo modo, se solicitó al Órgano Instructor de Contraloría dar inicio a las acciones correspondientes contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el hecho observado.
