Después de 50 años de explotación, las comunidades nativas exigen un Fondo Social para “sanar” su territorio y tener acceso a servicios básicos
Conocer el Lote 8, es conocer la historia de la extracción petrolera en el Perú. Y hoy, como una herida abierta muestra la crudeza del extractivismo petrolero en nuestro país. En 52 años de extracción, esta actividad no ha sabido remediar, de manera institucional, sus externalidades ambientales. Y menos aún ha contribuido a cerrar las brechas estructurales que posibilitan y potencian una vida digna y plena de las comunidades nativas, principalmente. En tanto, el sistema de regalías e impuestos no ha sabido llegar, por cómo está estructurado, a las personas (pueblos indígenas – PPII) del área de influencia directa, ni a su territorio, la Amazonía.
En un hecho histórico, este marzo de 2024 los PPII de este territorio ejercieron su derecho a la Consulta Previa e Informada por primera vez en su historia Y el Fondo Social (FS) fue el gran punto de debate: la empresa nacional Perupetro planteaba el lote como una inversión “atractiva” para el sector privado, ofreciendo para ello un 1.5% de FS, mientras que la empresa postora (Upland Oil Gas L.L.C.) ofrecía 1% más (es decir 2.5% de FS en total). Si bien los cálculos de un FS igual a 5% en beneficio de los PPII mostraban que seguía siendo rentable y beneficioso para la empresa y los PPII, dato confirmado por Perupetro en las mesas técnicas, el Estado mediante Perupetro se mantuvo en su postura de beneficios mayores para la empresa y no así para la población.
Sanar el territorio
El Lote 8 está ubicado en las cuencas del Marañón, Chambira, Corrientes y Tigre, en territorio de 116 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas kukama kukamiria, urarina, achuar y kichwa. El Lote 8 es un yacimiento petrolero histórico, que junto con el Lote 1Ab, hoy 192, en su mejor momento supuso cerca del 50% de la extracción de petróleo de la región Loreto. Inició su actividad de extracción del llamado “oro negro” en 1971, previo a la construcción del Oleoducto Nor Peruano (ONP), y a 50 años de actividad se evidencia contaminación y brechas estructurales (desigualdades) que la explotación petrolera no remedió ni ayudó a cerrar.
Para mostrar estas dos premisas, tenemos: (1) El Estudio Técnico Independiente (ETI) del Lote 8 desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e impulsado por PUINAMUDT en el Acta del 10 de marzo; y (2) La brecha en el acceso a servicios básicos, como son la salud, la educación, acceso al agua y saneamiento y acceso a energía eléctrica, con información del último censo año 2017. El Estudio Técnico Independiente del Lote 8 evidenció 85 sitios contaminados, principalmente por hidrocarburos. “Se da cuenta de presencia de petróleo, plomo, zinc, cromo, bario y mercurio, cadmio, cobre y arsénico en algunos suelos, cochas, lagunas, ríos y quebradas con valores no conformes con estándares de calidad ambiental” (ETI, 2022. Pg.6). Como también señala el ETI, estudios sobre contaminación por hidrocarburos en la Amazonía peruana existen desde, por lo menos, 1976, los que incluían recomendaciones para reducir o eliminar los impactos en los ecosistemas. La mayor fuente de contaminación histórica sobre el ecosistema amazónico, y sobre la vida de las personas que dependen de ellos, se debería principalmente a la acumulación de las descargas de las aguas de producción en los cuerpos de agua durante los años 1970 al 2009. Así mismo, los derrames de crudo de 1997 hasta el primer trimestre del 2021 han sido 189, solo en el Lote 8, y respecto a la responsabilidad y el 69% del crudo derramado fue producto de fallas operativas y corrosión y el 31% correspondió a derrames ocasionados por terceros, según “La sombra de los hidrocarburos en el Perú” (León y Zúñiga, 2022. Pg. 12).
El ETI menciona de manera tajante que la remediación a corto plazo en muchos de los sitios no sería viable por las condiciones del movimiento de aguas, lluvias y acceso. Entonces, ¿cómo se propone sanar el territorio? Perupetro incluye una cláusula, la décimo cuarta (ítem 14.2) donde se menciona explícitamente: “El Contratista no será responsable de los daños ambientales que se causen por sabotajes o conductas delictivas de terceros que ocasionen el derrame de hidrocarburos.” (Proyecto de Contrato, pg. 38). Es decir, pese a que este tipo de incidentes es minoritario según la información del propio Estado, se decide incluir este tema en el proyecto del nuevo contrato, y no se dice nada sobre los derrames ocasionados por un sistema obsoleto, lo que es, como hemos visto, la principal causa de estos hechos.
B. Superar las brechas sociales
Si bien el último censo no nos ofrece datos desagregados a nivel del Lote 8, podemos observar claramente que la población indígena de Loreto vive en condiciones de desarrollo social que muestran enormes brechas respecto al resto del país y a su misma región. Veamos algunas cifras para comprender esta realidad:
En analfabetismo, mientras el total nacional es de solo 5.5% de personas en esta situación, para la población indígena rural de Loreto esta cifra alcanza el 21.3%, ¡una quinta parte!
En cuanto a nivel educativo, mientras solo el 4.7% de la población total a nivel nacional carece de nivel educativo, para el caso de la población nativa de Loreto es el 17%, y si miramos solo la población indígena rural en esta región alcanza el 19.4%.
En cuanto a acceso al agua, el 85.4% de la población indígena rural de Loreto aún depende de fuentes primarias de agua (63.3% de ríos, acequias o lagunas, 0.9% puquios y 20.3% pozos), que es precisamente el recurso más contaminado en los territorios con explotación petrolera.
En cuanto a servicios de saneamiento, el 69% de la población indígena rural de esta región no tiene acceso a ningún sistema de este tipo.
En cuanto a energía, el 78% de la población indígena rural de Loreto no tiene acceso a alumbrado eléctrico, cuando en el total nacional esta cifra no alcanza ni el 10%.
Tras medio siglo de extractivismo petrolero, el avance de los indicadores de desarrollo humano en los territorios impactados por la actividad petrolera es mínimo y se encuentra por debajo del promedio nacional y por debajo del promedio rural. Es decir, los logros sociales en estos territorios siguen estando muy por debajo de otras zonas, incluso si estas no han entregado al país millones de dólares en ingresos durante décadas. ¿Cuál es el beneficio de toda la riqueza extraída, para su gente?
Frente a esta realidad, surge la propuesta del Fondo Social (FS) como resultado de la lucha indígena. En el marco del nuevo contrato de concesión petrolera del Lote 192, en el año 2021, las federaciones indígenas lograron incluir un presupuesto que, a través de un fideicomiso, pueda aportar a proyectos de desarrollo que ellos mismos decidan para sus territorios. En el caso del Lote 8, los pueblos indígenas agrupados en PUINAMUDT propusieron técnicamente un FS de 5% del valor de la producción. Si bien el monto no supone un ingreso alto, por las actuales características del lote, este ayudaría a asegurarles un mínimo de financiamiento para proyectos que ayuden a reducir las brechas en servicios existentes. En diciembre de 2023, Perupetro y los dirigentes de los pueblos indígenas se reunieron a fin de concretar una propuesta de fondo social, siendo el 5% la propuesta de las federaciones indígenas y el 1.5% la de
Perupetro, que mantuvo hasta el momento de la Consulta Previa en Trompeteros. Las ganancias fueron estimadas tomando en cuenta el límite temporal del contrato, que es de 4 años. Con los cálculos mostrados por las federaciones, se evidenció que un FS de 5% sí resultaba rentable tanto para la empresa postora (considerando sus beneficios netos) como para el Estado (considerando los impuesto y regalías). Sin embargo, Perupetro se negó a modificar su propuesta inicial. Y es más bien la empresa postora Upland Oil Gas L.L.C. (y no el Estado) que propone un 1% adicional y en una reunión realizada el 2 de febrero, de manera oral, propusieron un FS de 2.5%. Esta propuesta es la que finalmente aparece en el Acta de Consulta Previa de marzo 2024. Frente a ello, se evidencia el quehacer del Estado que preocupado por los beneficios privados y no de los PPII proponía un porcentaje menor al propuesto finalmente por la empresa.
Perupetro demostró que el debate dejó de ser técnico en el cálculo del FS. La empresa estatal se refirió al indicador de competitividad en el sector hidrocarburos denominado el “Government take” (GT), un ratio que expresa el porcentaje de utilidad neta para la empresa una vez que se descuentan sus costos y los impuestos y regalías, que en este caso era menor al 70%. En nuestro país se tiene contratos con un GT de hasta 75% y en América Latina se tiene un promedio aproximado de 73%. La propuesta de FS de los PPII, considerando los datos históricos de costos de producción, inversión y datos referidos a cantidad de extracción frente a límite de contrato, implicaba un GT menor al 70%; es decir era competitivo y aseguraba una rentabilidad superior para la empresa. En el diálogo, incluso se mostraron dispuestos a reducir su propuesta inicial del 5% al 3.5% en la lógica de tener un punto medio, esperando negociar con la empresa sin perder beneficios para la población. Sin embargo, Perupetro no accedió ni demostró técnicamente su propuesta inicial.
Concluyendo, técnicamente los pueblos indígenas mostraron que era factible incrementar el fondo social como propuesta para sanar el territorio y reducir brechas sociales históricas.
Son los pueblos indígenas de la Amazonía, quienes sufren las mayores brechas en nuestro país, como son el de acceso a servicios básicos, si bien estas no serán resueltas en el corto plazo, como tampoco su territorio será sanado en el corto plazo, plantear y exigir un Fondo Social, pone la problemática sobre la mesa y exige que el Estado tome acciones a fin de promover desarrollo humano con dignidad e inversiones sostenibles.
Son los pueblos indígenas quiénes tienen sobre sus cuerpos y territorios las consecuencias de 50 años de una explotación petrolera que no miró a la gente, ni al territorio. Ellos y ellas, hoy, alzan la voz por lo que, mirando las ganancias históricas, serían migajas. El 5% que plantearon los PPII era rentable para los tres actores: El Estado, la Empresa y los PPII; sin embargo, el Estado prefirió mirar a un costado y asegurar mayor rentabilidad a la Empresa y la Empresa ofreció mayor FS que el mismo Estado a los PPII y eso muestra el sistema actual, un Estado que poco o nada mira a los pueblos y claro consulta, pero bajo sus términos políticos y no técnicos.
