Sentencian a alcalde de Mariscal Ramón Castilla
•Y exfuncionarios por peculado doloso agravado
En un contundente adelanto de lectura de sentencia, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto Nauta ha logrado que se imponga una condena de 9 años de pena privativa de libertad contra el actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, Julio Cesar Khan Noriega, y otros exfuncionarios y servidores de la entidad edil. El delito imputado es el de peculado doloso agravado en perjuicio del Estado – Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla.
Los hechos que sustentan esta condena se remontan al período 2014-2015, donde se descubrió la apropiación ilícita de fondos por un monto de S/416,565.00. Esta suma fue sustraída mediante la asignación de fondos por encargos que resultaron ser claramente irregulares. Posteriormente, los implicados intentaron justificar estos movimientos financieros con rendiciones extemporáneas y el uso de documentos con contenido falso.
Entre los sentenciados, además del alcalde Julio Cesar Khan Noriega, se encuentran:
- Luis Rivelino Arteaga García, exgerente de Administración y Finanzas.
- Marco Antonio López Sifuentes, exsubgerente de Contabilidad.
- Cesar Vásquez Chumbe, exsubgerente de Tesorería.
- José Miguel Sevilla Ynga, exgerente de Infraestructura y Desarrollo Rural.
- Ernesto Mori Rodriguez, asistente de Gerencia de Tesorería.
- Fredy Sotomayor Díaz, exjefe de Defensa Civil.
- Leyden Camilo Leonard, asistente del Área de Tesorería.
- Nerly Enith Torres Malaverry, asistente de Gerencia de Administración.
- Wellintong Murrieta Salvino, asistente del Área de Tesorería.
Según la sentencia emitida por el Segundo Juzgado Supraprovincial Colegiado de Maynas, todos los involucrados deberán ser recluidos en el establecimiento penal correspondiente una vez que la sentencia sea declarada firme. Además, se les ha impuesto el pago solidario de una reparación civil, destinada a restituir el monto apropiado ilícitamente.
Aunque el adelanto de fallo ha sido emitido, la ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta que se declare firme. Este proceso marca un hito en la lucha contra la corrupción en la región, evidenciando el compromiso de las autoridades judiciales y fiscales por salvaguardar los recursos públicos y castigar a quienes infringen la ley.
Este caso subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, y sirve como un recordatorio contundente de las graves consecuencias que enfrenta la corrupción en cualquier nivel de gobierno.
