Denuncia de abogado litigante ante la ODCI de Loreto
- Por presunta inconducta funcional de Fiscal Provincial de Caballo Cocha
En un reciente desarrollo judicial, el abogado litigante Walter Salomón Lozano Torres, actuando en representación de la docente María Mercedes Panduro Cruz, ha interpuesto una queja formal ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público del distrito fiscal de Loreto. La queja, presentada el 16 de julio de 2024 bajo la ley Nº 30483, se dirige contra el fiscal provincial penal (T) de la Fiscalía Corporativa de Mariscal Ramón Castilla – Caballo Cocha, Juan Alberto Basilio Atencio, por presunta inconducta funcional.
Según el escrito presentado, la carpeta fiscal Nº 301-2023, que se tramita en la citada fiscalía, está a cargo del fiscal Basilio Atencio y se refiere a una denuncia penal contra el exdirector de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ramón Castilla – Caballo Cocha, Alberto Mozombite Paitamala, por el delito de abuso de autoridad en agravio de la docente Panduro Cruz. La denuncia fue inicialmente presentada el 7 de agosto de 2023, pero la disposición para iniciar la investigación preliminar no se emitió sino hasta el 24 de agosto del mismo año, tras múltiples solicitudes por escrito.
El abogado Lozano Torres argumenta que el fiscal Basilio Atencio ha demostrado una conducta negligente y un retraso procesal significativo. La disposición No. 03-2021, que declara que no procede la formalización y continuación de la investigación preparatoria, se emitió el 4 de abril de 2024, tras un periodo de más de ocho meses de investigación preliminar. Este retraso ha excedido considerablemente el plazo legal, afectando los derechos de la docente agraviada.
Posteriormente, ante la decisión fiscal de no proceder con la formalización de la investigación, los quejosos interpusieron un recurso de elevación/queja el 12 de abril de 2024. No obstante, la providencia fiscal No. 05, que ordena elevar los actuados al fiscal superior, se emitió recién el 1 de julio de 2024, más de dos meses después de la interposición del recurso, y la notificación correspondiente se efectuó el 11 de julio de 2024.
Además de los retrasos, la queja también señala que, durante la investigación fiscal, se han presentado repetidos obstáculos para acceder a la lectura de la carpeta fiscal. En particular, se exigía una solicitud escrita para acceder a la información, lo cual ha sido interpretado como una restricción indebida del derecho a la defensa y al acceso a la información procesal por parte de la agraviada.
La gravedad de las acusaciones ha llevado a los quejosos a exigir una revisión exhaustiva de la conducta del fiscal Basilio Atencio por parte de la ODCI Loreto. Se demanda una acción correctiva inmediata para garantizar el respeto a los derechos procesales de la agraviada y la correcta administración de justicia en la región.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de un control más riguroso sobre las actuaciones de los funcionarios del Ministerio Público y subraya la importancia de cumplir con los plazos y procedimientos establecidos por la ley, para evitar la afectación de los derechos de los ciudadanos.
