ABSUELTOS: La Sala Penal de Loreto absolvió a José Fachín y Marco Polo Ramírez de los cargos formulados por el Ministerio Público
•Que calificó como delito de extorsión las protestas realizadas en marzo del 2008 dónde las comunidades del lote 1AB (hoy 192) se levantaron en contra de Pluspetrol y el Estado.
La sentencia contiene fundamentos jurídicos relevantes que van desde una interpretación del Convenio 169 de la OIT en los procesos penales, un desarrollo doctrinario sobre la criminalización de la protesta y actuación de pericia antropológica a nivel de juicio oral.
Los argumentos jurídicos respecto del delito de extorsión giraron en torno al elemento de la violencia y la ventaja económica indebida, que constituyen elementos de su configuración delictiva.
Sobre la violencia, señalaron que no se acreditaron tales hechos toda vez que la empresa Pluspetrol y los testigos señalaron que en la estación San Jacinto y la base petrolera de Bartra la fiscalía no ha probado que haya existido violencia contra los trabajadores de la empresa.
Sobre la ventaja económica indebida; el argumento fue que en los conflictos sociales donde hay demandas que tienen que ver con la responsabilidad del Estado y también de la propia empresa, cuando existan reclamos ambientales y de derechos colectivos de pueblos originarios; no se puede afirmar que tales demandas constituían la búsqueda de una ventaja económica indebida.
El dicha audiencia se realizó una lectura de las partes más importantes del fallo judicial debiéndose notificar dentro de las 48 horas el íntegro y ahí se podrá analizar con más detenimiento los aspectos relevantes y ver si está constituye precedente o una jurisprudencia importante para ser aplicado en los conflictos socioambientales en territorios indígenas.
Así va terminando más de 16 años de persecución política bajo la modalidad de proceso penal, en un país donde para favorecer a las corporaciones extractivas el poder de manera sistemática ha querido ilegalizar los actos de protesta hasta llegarse a convertir en delitos intentando normalizar en el sentido común que todo acto de disidencia sea visto como delito desnaturalizando los principios ordenadores del derecho penal democrático que lo asume como la última ratio y no como se viene haciendo hoy, utilizandolo como la prima ratio.
