Realizan alianza estratégica entre Ministerio Público, Poder Judicial e INPE para garantizar la continuidad de prisiones en Loreto

• Dirigentes logran acuerdos clave en medio de una huelga indefinida para evitar el vencimiento de condenas

En un esfuerzo por evitar el vencimiento de prisiones preventivas y garantizar la continuidad de la administración de justicia, los presidentes del Ministerio Público y el Poder Judicial en Loreto sostuvieron una reunión clave con los dirigentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes lideran una huelga indefinida que afecta al Establecimiento Penal de Varones en Iquitos.

La huelga, que comenzó en respuesta a la demanda de los trabajadores del INPE por el reconocimiento de beneficios sociales, incluyendo el pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), luto y sepelio, y un reajuste en la Remuneración Integra Mensual (RIM) conforme a la Ley Nº 29709, ha puesto en jaque el funcionamiento normal del sistema penitenciario en la región.

Durante la reunión, en la que participaron el juez superior Aldo Atarama Lonzoy, el fiscal superior Raúl Rivas Delgado, y la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Abg. Margoth Silva Olórtegui, se discutieron los graves riesgos que la paralización podría generar, especialmente en cuanto a la dilación de audiencias para presos preventivos. Percy Romero Cáceres, director del penal, junto con los representantes sindicales Jhon Castillo Hidalgo y Edson Alaba Angulo, aseguraron que la huelga se desarrolla de manera pacífica y que se están garantizando los servicios esenciales de salud, alimentación y seguridad dentro del penal.

Las autoridades judiciales y del Ministerio Público expresaron su preocupación por el impacto que la huelga podría tener en el vencimiento de plazos procesales, lo que podría derivar en la liberación de reclusos antes de que se dicten sentencias. Este escenario sería catastrófico para la seguridad ciudadana y la confianza en el sistema de justicia.

En este sentido, se logró un consenso sobre la necesidad urgente de elevar las demandas de los trabajadores del INPE a las instancias competentes a nivel nacional. Las autoridades se comprometieron a gestionar las solicitudes y buscar soluciones inmediatas que permitan la pronta reanudación de las actividades normales en el penal, evitando así una crisis en la administración de justicia en Loreto.

La reunión concluyó con la promesa de mantener un diálogo abierto y continuo, tanto con los representantes del INPE como con las autoridades superiores en Lima, con el objetivo de garantizar que los derechos de los trabajadores sean reconocidos sin comprometer la seguridad y el orden en los centros penitenciarios. La situación sigue siendo delicada, y se espera que en los próximos días se tomen decisiones que permitan la resolución del conflicto sin mayores consecuencias para el sistema judicial en la región.